Autoridad

No sé por qué nos referimos sistemáticamente a la escuela cuando se habla de crisis de autoridad. Toda España la sufre, y la escuela sólo es un reflejo, bastante mitigado. Empecemos aclarando el concepto de autoridad, que para muchos son los policías. Y no: ellos son los agentes de la autoridad o, mejor dicho, de la potestad.

Paralela a la potestad, que es el ejercicio del poder público, la autoridad es el saber reconocido, la capacidad creativa —autoridad viene de autor—, el prestigio personal y profesional, la integridad moral y el liderazgo auténtico que se hacen respetar por sí mismos. Aunque suene a paradoja, un componente fundamental de la autoridad es la obediencia. Obediencia a la verdad, a la justicia, a todo lo superior, en suma. Ése era el sentido del lema “por la gracia de Dios” de la monarquía: no tanto fardar de un privilegio como asumir la sumisión de la que emanaba su autoridad.

En el sistema actual, la autoridad de los gobernantes debe nacer de su obediencia al imperio de la ley. Si el presidente del Gobierno, los ministros, el Fiscal General no terminan de guardar ni de hacer guardar la Constitución, como juraron o prometieron, se desautorizan y la potestad se va quedando coja. Los radicales, entonces, se crecen: amenazan con “pim-pam” y Pumpido se esconde; cualquier municipio se salta la ley de banderas; o unos tipos queman retratos del Rey —riéndose, de paso, del Código Penal— y aquí no pasa nada, humo, cenizas, aire.

En cambio, a los ciudadanos de a pie se nos aplican las normas al pie de la letra. La cosa mosquea, porque la ley parece una telaraña que atrapa a los pequeños, pero que se quiebra y deja escapar a los animales más gordos. Lo más grave, con todo, es el desprestigio acelerado de las instituciones. Una democracia desautorizada se descompone en luchas de poder y demagogia.

Un síntoma de esta demagogia es el protagonismo que se da a la palabrería para la resolución de los problemas reales que plantean los incumplimientos descarados de la ley. Con los asesinos de ETA se dialoga; a los que incumplen la ley de banderas hay que convencerlos; Ibarreche, tras su órdago constitucional… va a oír a Zapatero, etc. ¿No sería más sencillo aplicar la ley sin tantos sofisticados sofismas ni zalameras soflamas?

Piénsese también en Educación para la Ciudadanía. En vez de clases magistrales y curiosos temarios, los políticos tendrían que dar el ejemplo cívico de un estricto ejercicio de sus funciones. Sería más pedagógico. Con lo que ven los alumnos, pobrecillos, bastante buenos son. Ni queman retratos invertidos de los directores ni exigen, a cambio de dejar de patear al profesor, un aprobado general en matemáticas. Al menos por ahora.

[Joly]